ANTECEDENTES
El compromiso asumido por los Estados en la Agenda 2030 de construir un mundo más equitativo e inclusivo requiere de un trabajo prioritario en las condiciones de vida de la primera infancia de manera que puedan acceder al pleno ejercicio de sus derechos e incidir positivamente en su desarrollo integral y en el de la sociedad en su conjunto.
La desnutrición crónica infantil en Ecuador es el mayor problema de salud pública y social que afecta a la niñez durante los primeros años de vida. Esta condición, que presenta 1 de cada 5 niñas y niños menores de 2 años, no solo compromete su salud presente, sino también repercutirá negativamente en su rendimiento escolar, comprometerá sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral e implicará un mayor riesgo de presentar una enfermedad crónica no transmisible en la edad adulta. En consecuen- cia, también influirá en los ingresos y condiciones de vida de los hogares, en la reproducción del círculo de la pobreza y en las posibilidades de crecimiento económico y desarrollo del país.
Las estadísticas nacionales evidencian un decrecimiento de la prevalencia de 4,2 puntos porcentua- les en niñas y niños menores de 5 años (de 21,7% a 17,5%) y de 3,5 puntos porcentuales en niñas y niños menores de 2 años (de 23,6% a 20,1%) entre 2018 y 2022. Pese a ello, Ecuador (junto con Honduras) se ubica en el tercer puesto de mayor prevalencia en niñas y niños menores de 5 años en América Latina y el Caribe, después de Guatemala y Haití , y 6 puntos porcentuales por encima de la prevalencia de la región (11,6%).
La desnutrición crónica infantil es un indicador de desarrollo de los países y pone en evidencia las inequidades estructurales entre ellos y al interior de los mismos. En Ecuador, la desnutrición crónica infantil en niñas y niños menores de 2 años es considerablemente mayor en las regiones naturales de la Sierra (23,9%) y Amazonía (19,6%), en el área rural (21,9%), en la población indígena (33,4%) y en la población en condiciones de pobreza (23%) . A nivel provincial, son Chimborazo (35,1%), Bolívar (30.3%), Santa Elena (29,8%), Tungurahua (29,4%), Pastaza (29,3%) y Cotopaxi (27,6%) las que presentan una mayor proporción de niñas y niños con esta condición.
Actualmente, el país cuenta con el Decreto Ejecutivo No. 1211 de 2020 y el Plan estratégico intersectorial para la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil (2021), cuyas intervenciones priorizadas se basan en la mejor evidencia científica disponible.
Si bien existen avances en la implementación de la estrategia, esta debe ser consolidada y expandida. Las agencias, programas y fondos del grupo de nutrición del Sistema de Naciones Unidas consideramos necesario que el abordaje de la desnutrición crónica infantil continúe siendo una prioridad en la agenda pública, para lo cual comprometemos todo nuestro apoyo para brindar continuidad, fortalecer y realizar los ajustes necesarios de las acciones emprendidas. Reducir de forma acelerada la desnutrición cónica infantil es un requisito indispensable para que nadie se quede atrás.
¿QUÉ SE HA AVANZADO?
- Mediante el Decreto Ejecutivo 1211 de 2020 se definió un paquete de prestaciones priorizadas a gestantes y menores de dos años, basadas en la mejor evidencia científica disponible. Este paquete de prestaciones fue incluido como el eje principal en el Plan estratégico intersectorial para la preven- ción y reducción de la desnutrición crónica infantil.
- Se ha reconocido a la desnutrición crónica como una problemática multicausal cuyo abordaje requiere de un accionar intersectorial. Para su coordinación, se ha conformado una instancia suprasectorial nacional, así como espacios de articulación intersectorial a nivel cantonal y parroquial.
- El Estado ecuatoriano cuenta con sistemas sectoriales e intersectoriales unificados de seguimiento nominal para las mujeres embarazadas y los niños y niñas menores de dos años que permite visualizar y monitorear la cobertura del paquete priorizado a nivel nacional y territorial.
- Ecuador cuenta con una metodología de Encuesta nacional de desnutrición infantil (ENDI) perma- nente que permite monitorear la evolución de la desnutrición crónica y sus determinantes, incluyendo la cobertura de programas y servicios de forma sistemática, para retroalimentar la política pública.
- El país cuenta con una Estrategia Comunicacional para el Cambio Social y de Comportamientos a nivel nacional y con instrumentos metodológicos para su aterrizaje a nivel local, que se orienta a generar prácticas para mejorar el cuidado y la atención de los niños y niñas en los primeros años de vida tanto en las familias como en las comunidades y los actores institucionales.
- El Ministerio de Salud Pública ha iniciado la implementación de la Herramienta de evaluación de la calidad de las atenciones del paquete priorizado, la misma que se orienta a mejorar la calidad y cobertura en los establecimientos del primer nivel de atención.
- Se han diseñado insumos para avanzar en la implementación de la metodología de presupuesto de resultados (PPR), bajo el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas.
DESAFÍOS
- La implementación de la estrategia para prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil es aún parcial, se requiere incrementar la cobertura y calidad del paquete priorizado mediante el fortalecimiento de los servicios a nivel local.
- Para garantizar la sostenibilidad de la estrategia es necesaria su institucionalización y contar con fuentes permanentes de financiamiento para su ejecución.
- Una asignación de recursos adecuada y suficiente en los puntos de atención demanda avanzar en la implementación de la metodología de PPR tanto en el Ministerio de Finanzas como en las instituciones ejecutoras de esta política pública.
- La implementación de la Estrategia de comunicación para el desarrollo y cambio de comportamientos debe implementarse a nivel local, con una activa participación y movilización de actores locales.
- Cubrir la brecha de talento humano del MSP y MIES, en especial, en los ámbitos con mayor población en situación de mayor vulnerabilidad.
- Apoyar a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales y a las Juntas administradoras de agua potable para incrementar la cobertura de agua apta para consumo humano.
- Sostener y fortalecer los sistemas de registro administrativo y monitoreo mediante encuestas periódicas.