Ecuador, abril 2025.- A partir de la segunda semana de abril las sociedades (empresas) deben realizar la declaración y pago del Impuesto a la Renta correspondiente a los ingresos obtenidos durante el año anterior. En este caso, el valor se cancela en un solo pago según el noveno dígito de la cédula o RUC.
La normativa vigente establece que tanto personas naturales como sociedades deben presentar su declaración de manera obligatoria, ya sea que hayan tenido ingresos gravados o no durante el año anterior. En el caso de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, el plazo para declarar varía según el noveno dígito del RUC o cédula de identidad, iniciando el 10 de abril y concluyendo el mes de mayo.
Ricardo Vallejo, director comercial de iConta, explica: “Las empresas pertenecientes al Régimen General deben cancelar la tarifa del 25%, este porcentaje puede variar si reinvierten sus utilidades en el país, si fueron constituidas a partir de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, si son microempresas, pequeñas empresas y exportadores habituales, entre otros parámetros. Y las que están dentro del Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (Rimpe) la tarifa depende de los ingresos sin que superen el 2%”.
Así también, el experto tributario destacó la importancia de planificar con anticipación y revisar la información financiera del año anterior con rigurosidad. “Uno de los errores más comunes es dejar la declaración para los últimos días y hacerlo con apuro. Eso puede llevar a omisiones o inconsistencias que terminan en multas. Declarar bien es igual de importante que declarar a tiempo”.
Vallejo también enfatizó que muchos contribuyentes aún desconocen los beneficios tributarios disponibles. “Existen deducciones por salud, educación, vivienda y alimentación que pueden reducir significativamente el impuesto a pagar. Con asesoría adecuada, se puede cumplir con la ley y optimizar la carga tributaria de manera legal”.
Cabe recordar que los recursos recaudados por este impuesto son fundamentales para el financiamiento de programas sociales, infraestructura y servicios públicos. Por ello, el cumplimiento oportuno y transparente de esta obligación representa no solo un deber legal, sino también un compromiso con el desarrollo del Ecuador.
